Durante demasiado tiempo, el debate político en España ha estado condicionado casi exclusivamente por la situación en Cataluña. La derecha española siempre ha tratado de utilizar la crisis política como arma contra la izquierda. Mientras tanto, especialmente entre 2015 y 2018, los partidos independentistas han radicalizado su estrategia, erigiéndose a sí mismos como los únicos representantes legítimos de todos los catalanes y obstaculizando cualquier posibilidad de diálogo.
La situación llegó a su punto de máxima tensión en 2017, cuando el gobierno independentista de Carles Puigdemont celebró un referéndum de independencia ilegal y sin garantías democráticas. La opción de la independencia ganó debido a que únicamente un 43% de los votantes participaron, mientras que la mayoría que se oponía al referéndum no salió a votar.
El entonces presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular (PP) pudo haber simplemente ignorado este referéndum ilegítimo, pero inflamó la situación aún más con una respuesta policial violenta y desproporcionada, dejando imágenes vergonzosas de la guardia civil agrediendo a votantes independentistas.
A partir de ahí, la situación fue a peor. El rey Felipe VI dio un duro discurso en televisión que enfureció aún más a los independentistas y el gobierno de Cataluña llevó a cabo una momentánea declaración de independencia que después canceló inmediatamente. La crisis acabó con la detención y juicio de los miembros del gobierno regional y la suspensión temporal de la autonomía de Cataluña. Mientras, Carles Puigdemont huyó de España para evitar ser juzgado como sus compañeros.
En 2018, Rajoy fue forzado a dimitir por una moción de censura del parlamento español debido a un caso de corrupción de su partido. Pedro Sánchez, líder de la principal fuerza de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), asumió el cargo de presidente. Con Sánchez, la relación entre Madrid y Barcelona ha mejorado, si bien han persistido ciertas tensiones y desconfianzas.
Tras unas elecciones en 2019, Sánchez llegó a un acuerdo con Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán), el principal partido independentista. El gobierno español se comprometió a organizar un diálogo con el gobierno catalán para llevar la situación a buen puerto. Debido a la pandemia de COVID-19, esta negociación no llegó a producirse, ya que todas las administraciones del país se tuvieron que centrar en manejar la pandemia.
Sin embargo, parece que a lo largo de este último año, los dos gobiernos han estado haciendo planes para iniciar una conversación más fructífera. En las últimas semanas, Sánchez y la coalición de izquierdas que lidera han dejado claro su intención de indultar a los políticos catalanes presos, cuyas sentencias varían desde la inhabilitación para ejercer cargo público hasta los trece años de prisión.
Ciertos líderes independentistas, como Oriol Junqueras, de ERC, actualmente en prisión, han dado pasos para facilitar el acuerdo, renunciando a la vía unilateral para lograr la independencia y comprometiéndose a negociar con el gobierno español.
Como era de esperar, la respuesta por parte de la derecha ha sido furibunda. Representantes del PP, junto con Ciudadanos, de centro derecha, y Vox, de extrema derecha, atendieron hace unos días a una manifestación contra los indultos en la Plaza de Colón en Madrid. Algunos manifestantes portaban la bandera del régimen franquista e incluso acusaron a Sánchez de ser un traidor a España que debería ser encarcelado. La presidenta ultraconservadora de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, incluso llegó a sugerir que Felipe VI debería ignorar sus obligaciones como monarca constitucional y negarse a firmar los indultos, lo que supondría un tremendo escándalo institucional, ya que el rey no puede negarse a firmar una medida aprobada por el gobierno o el parlamento.
Es obvio que la derecha española, marginal en Cataluña, nunca va a apoyar ningún intento de negociar. Su único objetivo es utilizar el independentismo catalán para alimentar el nacionalismo español en el resto del país. Los conservadores españoles han dejado claro que no entienden a Cataluña. Una protesta contra los indultos convocada en Barcelona solo llegó a reunir a 200 personas, ya que la mayoría de los catalanes, incluso los no independentistas, apoyan los indultos.
El ofrecer un indulto siempre es una decisión complicada. Un gobernante debe considerar si vale la pena poner en cuestión la separación de poderes con tal de lograr un beneficio para la sociedad o resolver una injusticia.
En este caso, creo que Sánchez tiene una situación favorable que no debe ignorar. Su partido tiene una fuerte presencia en Cataluña (fue el más votado en las últimas elecciones regionales), y el actual presidente catalán, Pere Aragonès, representa el independentismo más moderado y dialogante. Además, la mayoría de los partidos representados en el parlamento nacional se han posicionado a favor de los indultos.
Quiero dejar una cosa clara. El referéndum de 2017 fue ilegal y antidemocrático, pero Sánchez tiene la opción de pasar página, y de abrir, a través del perdón y el consenso, un camino hacia un diálogo que lleve a una mejor convivencia en Cataluña y una integración dentro del estado español que goce del apoyo de una mayoría amplia de los catalanes. Por primera vez en años, los gobiernos de España y Cataluña tienen la oportunidad de poner fin a este enfrentamiento político y apostar por la negociación y el entendimiento. No debemos malgastarla.
Pablo Molina Asensi es un estudiante de cuarto año en la Escuela de Estudios Internacionales y la Escuela de Comunicación y el Editor Gerente de El Águila.
